Educación pública y laica desde la equidad

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Por Beatriz del Hoyo y Pilar Calvo

Si se trata de gobernar el conocimiento, este es un bien común, público y democrático, un instrumento para la convivencia que ha de ir más allá de ideologías políticas y partidistas cortoplacistas. La educación ha de formar ciudadanía crítica  desde un proyecto inclusivo. La función educativa, resulta absolutamente necesaria, no para reproducir verdades y mucho menos dogmas, sino para articular espacios democráticos de vida en común.

Educación pública, para permitir que niñas y niños con diferentes situaciones vitales, entornos sociales y de diferentes capacidades interactúen. La diversidad refuerza la convivencia. Pública, porque el personal docente ha de tener libertad de cátedra y en ningún caso adoctrinar o deberse a una institución con intereses privados que pueda comprometer la libertad de quienes educan.

Y laica, porque el respeto a la libertad de conciencia debe educarse, debe practicarse, debe reflejarse en las instituciones, debe asegurarse en todos los ámbitos. La educación sin dogmas, en el respeto a la diferencia y en los principios éticos y democráticos no precisa de interferencias justo en edades tempranas donde la infancia y la juventud debe formarse.

Laica, porque la esencia de lo que debe mantenernos unidos gracias a la educación no han de ser los mitos, los ritos o las creencias, sino la propia condición humana, aceptando las diferencias pero sin ningún mandato de dominación del mundo, sin sumisiones, sin una norma suprema por encima de la igualdad de la ciudadanía.

Ya no sirve apelar a las tradiciones, ni a las culturas, ni a engañifas varias para favorecer y promocionar al alumnado inscrito en clases de religión, ni películas, viajes u ofrendas varias para que las madres y padres accedan al chantaje que se impone tras la buena calificación asegurada. No es ético ni equitativo que se lleve a la escuela lo que pretende regular el comportamiento de los individuos según un colectivo no democrático, no científico, sectario, misógino y privilegiado.

El laicismo defiende la neutralidad ideológica de las instituciones públicas, y los centros educativos son, si cabe, el espacio social más preciado de lo que ha de ser común.

Asegurar la laicidad en los centros educativos debe ser una garantía y un derecho ciudadano, desde donde la escuela ha de ser modelo de equidad y ausencia de privilegios. No hay mejor cosa para practicar la dominación sobre quienes no piensan como nosotros que participar de injustos privilegios desde lo que se dice común.

No debemos de olvidar que esta educación de todas y para todas se financia con presupuestos públicos y que tales presupuestos no deben estar marcados por ideologías religiosas de quienes gobiernan para beneficio de sus acólitos. Por lo tanto, razones de equidad, democráticas y de respeto deben amparar por igual a quienes tienen derecho a una educación íntegra y de calidad, que abordando el conocimiento procure indisociablemente aprendizajes y  fomente las habilidades que permitan a los individuos conjugar la felicidad personal con la social.

La libertad de conciencia ha de ser una garantía fundamental y desde las instituciones escolares, la religión  no debe ser objeto de segregación de la infancia ni de sus familias. La laicidad es una herramienta para la cohesión social y por ello es nuestro deber su defensa y exigencia.

 

 

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